España aún gasta más de 1.000 millones al año en
ayudas a combustibles que provocan el cambio climático
- · La generación de electricidad recibe unos 470 millones, el transporte más de 330 y la agricultura supera los 400 en inyecciones económicas y exenciones fiscales.
- A España le cuesta desengancharse de las energías sucias: el uso de carbón para obtener energía ha crecido un 39% en lo que va de 2017.
- El compromiso es abandonar estas ayudas progresivamente hasta 2020 para cumplir con el Acuerdo de París en el freno del calentamiento global de la Tierra a 1,5 ºC
08/10/2017
- 20:05h
Contaminación y cambio
climático subvencionados. A España le cuesta desengancharse de la generación
sucia de energía y más si se observa el volumen de ayudas
económicas que recibe la generación de electricidad, el transporte o la
agricultura a base de combustibles fósiles (grandes generaciones de emisiones
de gases de efecto invernadero): unos 1.000 millones anuales de dinero público
en forma de inyecciones directas o exenciones fiscales, según ha recopilado el
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidima) de datos
oficiales.
El discurso público
que emite España se centra en la reducción progresiva de fuentes energéticas
fósiles y apuesta por las renovables. Como miembro de la UE tiene el compromiso
de abandonar las ayudas dañinas para el medio ambiente en el año 2020. En
lenguaje oficial, como el usado en la cumbre del clima de París de 2015, se
enuncia: "Hacer los flujos financieros coherentes con un camino hacia
bajas emisiones de gases de efecto invernadero". No poner dinero para
quemar petróleo, carbón o gas a la hora de obtener energía.
Pero la realidad no le
encaja al Gobierno español. En lo que va de año, la producción de electricidad
en las centrales térmicas que emplean carbón ha crecido un 39%, según los
balances de Red Eléctrica Española. Más de dos tercios de la electricidad
consumida proviene de energías no renovables. Coincide con una caída de más del
40% en la producción hidroeléctrica. La sequía ha vaciado los embalses
impidiendo la generación en los saltos de agua. Las fuentes renovables han
caído en 2017 un 20%.
Los compromisos
ambientales tienen un blindaje muy débil. Hace ahora un año, el Ministro de
Energía, Álvaro Nadal, fiaba al mercado y la subida del precio del carbón el
abandono de esta fuente energética en España. No preveía una acción política
directa: "Cierre decretado como tal no se contempla", contaba Nadal
en Marrakech durante la cumbre del clima celebrada el noviembre pasado en la
ciudad marroquí. No le ha funcionado el sistema ya que casi 12 meses después,
lejos de quemar menos carbón, España ha quemado un tercio más.
Sin transparencia
El informe del Iidima
explica que "el Gobierno de España no publica un inventario de sus ayudas
estatales a combustibles fósiles o ayudas que puedan ser dañinas para el medio
ambiente". No se trata de una práctica extravagante. Alemania sí lo hace.
Esto implica que sea difícil evaluar el proceso de abandono progresivo de
fuentes de energía sucias. En este sentido, el documento asegura que no ha
podido hallar información sobre "el 56% de los instrumentos de apoyo
fiscal y del 20% de los proyectos y programas financiados con fondos
públicos".
Aun así, sí se ha
podido calcular que la generación de electricidad a base de combustibles
fósiles recibe unos 470 millones de euros públicos cada año. En otras cosas, se
han subvencionado centrales térmicas a cambio de mantener las reservas locales
de carbón. Se obligaba a tener reservas de mineral extraído en España. La
minería de carbón soportada por el Estado tiene sus días contados: finales de
2018, según obliga la Unión Europea.
Esta contradicción que
atrapa la política energética y medioambiental española –declaración de rebajar
las emisiones de gases frente a las ayudas a los combustibles que las provocan–
es insostenibles si se pretende cumplir con la parte que le corresponde a
España a la hora de implementar el Acuerdo de París de 2015 para contener el
calentamiento de la Tierra a 1,5ºC.
Tras el informe, un
grupo de organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción,
SEO-Birdlife…) han analizado la situación conjuntamente. Todas han señalado
"la necesidad de terminar con esta financiación generadora de cambio climático
si se quiere limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC. El
Gobierno español debe acelerar la desinversión en estas tecnologías fósiles,
reorientando estos fondos para el desarrollo de un sistema energético 100%
renovable".
Pero, además del
sistema energético, existen otras vías y campos en los que el dinero público
trabaja al revés de lo requerido para, al menos, contener el cambio climático.
Y no son fondos exiguos. Por ejemplo, las exenciones fiscales aplicadas tanto a
la aviación en el ámbito nacional como internacional como a la navegación
marítima suponen hasta 339 millones de euros anuales que no frenan las
emisiones de CO2 provenientes de los motores de aviones y
buques.
La aviación civil es
un gran contaminador y generador de calentamiento global. Alrededor de un 2% de
los gases de efecto invernadero en la atmósfera llegan desde sus turbinas. Aún
así, el sector se escabulló del texto final del Acuerdo de París y solo ha
admitido un acuerdo
"voluntario" para pagar por sus emisionescomprando los
cupos que no usen otros emisores.
Un tercer ámbito señalado en el capítulo de
ayudas públicas perjudiciales para el medio es el de la agricultura ya que,
desde 2006, se permite una devolución parcial del impuesto de hidrocarburos
cuando el gasóleo se utiliza en actividades agropecuarias. Los técnicos han
calculado que la factura total de la agricultura suma 430 millones de euros en
España que se van a subvencionar el uso de combustible que termina por
exacerbar el cambio climático.
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